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Formación del espíritu nacional

Oihana Llorente

Forzar a los estudiantes a reconocer la labor de las instituciones públicas en el examen final supone hurtar a la ciudadanía, y en especial a las futuras generaciones, el derecho de opinión y crítica hacia las mismas. Pero otorgarles ese reconocimiento social, cuando éstas han sido erigidas con un cerco antidemocrático que excluye la representación de un amplio sector de la sociedad, es además manipular la realidad.

La consejera de Educación de Lakua, Isabel Celaá, que pretende editar, sí o sí, la segunda edición del libro de cabecera del Caudillo, poco quiere aportar a la superación de las causas y los orígenes de la existencia de víctimas, grandes protagonistas de su fábula.

Si ante este propósito del PSE y el PP fomentáramos una reacción visceral, exigiríamos a los profesores que los zulos de Celaá fueran empleados también para recrear celdas donde el aislamiento y las duras condiciones se han cobrado vidas humanas; o que, antes del recreo, los estudiantes padecieran una pequeña descarga eléctrica para conocer en primera persona la realidad de las comisarías. Pero no. No caigamos en su estupidez. Traumatizando a las siguientes generaciones sólo conseguiremos perpetuar las heridas.

La mayoría del profesorado, lejos de consentir este mal llamado «Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación de la Violencia», ni siquiera ha sido preguntada al respecto, como vienen denunciando ELA, LAB y STEE-EILAS o la Federación de Ikastolas, que también están de acuerdo a la hora de advertir la falta de criterios pedagógicos. Y es que cuando los jueces hacen de educadores, limitando los términos a emplear en los libros de texto, o cuando los políticos se ponen manos a la obra con unidades didácticas, pasa lo que pasa.

Ni mandatarios ilegítimos de profesores, ni actitudes viscerales. Hagamos caso al sentido común y a las experiencias en este ámbito, como por ejemplo la que viene desarrollándose en el norte de Irlanda, donde la educación hace hincapié en la promoción de los derechos humanos y de una ciudadanía responsable en el ámbito del proceso de paz y de reconciliación.

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